En este trabajo se analiza el problema de la regulación incompleta de la transparencia en la función pública como premisa central del debilitamiento de la gobernabilidad democrática en América Latina. La metodología se basó en una evaluación de seguimiento de procesos -process tracing- y permitió examinar por qué la juridificación de la transparencia, reconocida al mismo tiempo como garantía del derecho de acceso a la información y el principio del gobierno abierto no ha tenido el éxito esperado contra el fenómeno de la corrupción. Entre los hallazgos, se contrasta el alcance material normativo de las leyes de transparencia en una muestra de países latinoamericanos, concluyendo que una ley garante del derecho de acceso a la información es insuficiente para exigir abrir la caja negra del Estado. Por otra parte, también se abordan desafíos de la gobernanza a través de datos abiertos, todo lo cual cobra más fuerza en una sociedad globalmente interconectada, donde los procesos de toma de decisiones públicas se han automatizado y las decisiones están basadas en lo que se conoce en como data-driven, bajo el imperativo que abrir los datos genera confianza en la democracia y limitan la subjetividad en las decisiones, sin embargo, éstas avanzan sin estándares adecuados de transparencia algorítmica. A modo de epilogo, se exponen riesgos de la afectación de otros derechos fundamentales como la privacidad y se proponen criterios doctrinales para futuras reformas normativas.